La Pobreza Energética se define como la situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los servicios mínimos de energía que satisfagan sus necesidades domésticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas energéticas de sus viviendas. Este problema relaciona directamente aspectos sociales, como son la pobreza y la exclusión social, con problemas ambientales y de política energética, como es el precio de la energía doméstica o la eficiencia energética en el parque de viviendas residenciales.
Originalmente, la pobreza energética fue definida en el Reino Unido por Brenda Boardman a principios de la década de 1990 como la “incapacidad [para un hogar] de obtener una cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible”. Esta definición se ha vinculado posteriormente, también en el Reino Unido, a la satisfacción de un régimen térmico de la vivienda adecuado (21 ºC en la sala de estar y 18 ºC en el resto de estancias). Sin embargo, aunque la noción de pobreza energética se asocia comúnmente al uso de energía para calefacción, otras demandas de energía (electrodomésticos, agua caliente, etc.) también deben ser tenidas en cuenta. Esto es relevante en el caso de que también se quiera incluir dentro del concepto de pobreza energética la incapacidad de un hogar
de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en verano por medio de, por ejemplo, sistemas de refrigeración.
Comúnmente, se asume que la pobreza energética ocurre como una combinación de tres factores definidos a escala de hogar:
Renta familiar, precios de la energía y eficiencia energética de la vivienda. De esta manera, si un hogar habita una vivienda poco eficiente, necesitará un determinado nivel de renta para asegurar la satisfacción de su demanda de servicios energéticos.
Estos tres componentes sirven para comprender como surge el fenómeno de la pobreza energética y proporcionan puntos de entrada para la definición de políticas públicas encaminadas a hacer frente a esta problemática (ver gráfico).
En España el estudio Pobreza energética en España. Análisis de tendencias (ACA, 2014) concluyó que, en 2012, último año con estadísticas disponibles, el 17% de los hogares españoles tenían gastos desproporcionados en el pago de las facturas de la energía doméstica lo que suponía más de 7 millones de personas. Así mismo, el mismo año el 9% de los hogares españoles se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, es decir, más de 4 millones de ciudadanos. Esto situaba a España, en 2012, como el cuarto país europeo con mayor
número de ciudadanos declarando dicha incapacidad.
Fuente: Asociación de Ciencias Ambientales
